Soluciones estratégicas a la crisis histórica mercado inmobiliario argentino provocada por la Ley de Alquileres 2020
El mercado inmobiliario argentino atraviesa una crisis sin precedentes, derivada de las complejidades introducidas por la Ley de Alquileres 2020. Este marco regulatorio, establecido con la intención de brindar mayor protección a los inquilinos, ha desencadenado, lamentablemente, una serie de problemas significativos que afectan a todas las partes involucradas en el sector de bienes raíces.
En un entorno de inflación de tres dígitos, como el que actualmente experimenta Argentina, la actualización anual del alquiler se convierte en una propuesta perdedora para los propietarios, quienes ven cómo el valor real de sus ingresos por renta se reduce durante los 11 meses restantes del año.
Agravando aún más esta situación, la extensión de los contratos de alquiler a tres años, otro de los cambios introducidos por la Ley, se ha topado con resistencia por parte de los dueños de inmuebles. Ante la incertidumbre económica, la previsibilidad a largo plazo es prácticamente inexistente, lo que lleva a los propietarios a optar por alquileres temporales, a mantener sus propiedades desocupadas, o incluso a venderlas, contribuyendo así al agudizamiento de la crisis inmobiliaria.
Diego Migliorisi, reconocido experto en el sector, en declaraciones recientes al diario Clarín, afirmó que “no creo que la derogación total de la ley pueda resolver la cuestión de fondo, porque la ley anterior también era mala. Hay que trabajar para resolver esta situación dramática, histórica, que perjudica a todo el mundo; nunca vimos una situación así de gente desesperada por una vivienda y propietarios con incertidumbre y con miedo a firmar un contrato a tres años”.
Sin embargo, si se revoca la Ley de Alquileres 2020, simplemente volveríamos al sistema anterior, que también tenía sus propios defectos, especialmente la incapacidad para ajustar el alquiler de acuerdo con la inflación. Esto provocaría inevitablemente un aumento en los precios de los inmuebles, exacerbando aún más la crisis.
Para evitar tal escenario, los expertos consideran dos soluciones estratégicas: reducir la duración del contrato a dos años y permitir una actualización trimestral de la renta. Esto proporcionaría un equilibrio razonable entre las necesidades de los propietarios y los inquilinos, permitiendo a los primeros protegerse de la inflación, y a los segundos obtener contratos más flexibles y accesibles.
La crisis que estamos presenciando es histórica y requiere una respuesta inmediata. La Ley de Alquileres 2020 tuvo la intención de proteger a los inquilinos, pero ha terminado perjudicando a todos los actores del sector inmobiliario. Es hora de buscar nuevas soluciones que puedan equilibrar los intereses de todas las partes y estabilizar este mercado vital para la economía argentina.
Necesidad imperiosa de incentivar a propietarios y compradores para mitigar la crisis inmobiliaria en Argentina
La crisis histórica que enfrenta el mercado inmobiliario argentino, impulsada por los desafíos impuestos por la Ley de Alquileres 2020, hace necesaria una revisión y reformulación urgente de las políticas de vivienda.
Un aspecto crítico de esta reformulación debe ser incentivar a los propietarios y compradores de inmuebles a ofrecer sus propiedades en alquiler. El actual escenario, marcado por la inflación de tres dígitos y la extensión obligatoria de los contratos de alquiler a tres años, ha llevado a muchos dueños a optar por alquileres temporales, a mantener sus propiedades desocupadas, o incluso a venderlas. Esta tendencia agrava aún más la crisis, disminuyendo la disponibilidad de viviendas y aumentando los precios.
Como señaló Diego Migliorisi al diario Clarín,
“nunca vimos una situación así de gente desesperada por una vivienda y propietarios con incertidumbre y con miedo a firmar un contrato a tres años”. Además, añadió que revocar la Ley de Alquileres 2020 no resolvería la cuestión de fondo, ya que la ley anterior también presentaba deficiencias significativas.
El problema es complejo. Si no se modifica la ley actual, los propietarios no tendrán cómo protegerse de la inflación y muchos de ellos optarán por no alquilar. Pero si se revoca la ley, volviendo a la anterior, el alquiler no podrá ajustarse al ritmo de la inflación, lo que dispararía aún más los precios de los inmuebles.
Ver también:
Ley de alquileres: Situación límite por la falta de oferta 2023. A 3 años de vigencia
Para lidiar con este panorama desafiante, los expertos proponen dos soluciones estratégicas: reducir la duración de los contratos a dos años y permitir una actualización trimestral de la renta. Estas medidas podrían equilibrar las necesidades de propietarios e inquilinos, incentivando a los dueños a alquilar y protegiéndolos de la inflación, al tiempo que ofrecen contratos más flexibles y accesibles a los inquilinos.
Además, es vital considerar políticas y programas adicionales que puedan incentivar a los propietarios a alquilar sus propiedades, así como incentivar a los compradores a invertir en el mercado inmobiliario. Podrían considerarse incentivos fiscales, subvenciones y garantías de alquiler, entre otras opciones.
Si no se adoptan medidas para estimular la oferta de viviendas de alquiler, la situación se agravará, con un impacto potencialmente devastador en la economía y en el bienestar social de Argentina. En este momento crítico, se requiere una acción decisiva y bien pensada para cambiar el rumbo y traer estabilidad al sector inmobiliario argentino.
Por Redaccción
Urgent need to encourage owners and buyers to mitigate the real estate crisis in Argentina
The historic crisis facing the Argentine real estate market, driven by the challenges imposed by the 2020 Rental Law, requires an urgent review and reformulation of housing policies.
A critical aspect of this reformulation should be to encourage property owners and buyers to offer their properties for rent. The current scenario, marked by triple-digit inflation and the mandatory extension of rental contracts to three years, has led many owners to opt for temporary rentals, to keep their properties vacant, or even to sell them. This trend further aggravates the crisis, decreasing the availability of housing and increasing prices.
As Diego Migliorisi pointed out to the Clarín newspaper, “we have never seen a situation like this of people desperate for a home and owners with uncertainty and fear of signing a three-year contract.” In addition, he added that repealing the 2020 Rental Law would not resolve the underlying issue, since the previous law also had significant deficiencies.
The problem is complex. If the current law is not changed, landlords will have no way to protect themselves from inflation and many of them will choose not to rent. But if the law is revoked, going back to the previous one, the rent will not be able to adjust to the rhythm of inflation, which would further trigger real estate prices.
To deal with this challenging landscape, the experts propose two strategic solutions: reduce the duration of the contracts to two years and allow a quarterly rent update. These measures could balance the needs of landlords and tenants, incentivizing landlords to rent and protecting them from inflation, while offering more flexible and affordable leases to tenants.
In addition, it is vital to consider additional policies and programs that can incentivize owners to rent out their properties, as well as incentivize buyers to invest in the real estate market. Tax incentives, grants, and rental guarantees, among other options, could be considered.
If measures are not taken to stimulate the supply of rental housing, the situation will worsen, with a potentially devastating impact on Argentina’s economy and social welfare. At this critical moment, decisive and thoughtful action is required to turn the tide and bring stability to the Argentine real estate sector.
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