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Usurpación: Argentina 2023

Usurpación

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Peligros de la usurpación en Argentina

Usurpación

Podemos definir usurpación al acto de apoderarse ilegítimamente de la posesión de un bien ajeno, ya sea mediante el uso de la fuerza, la violencia, el engaño o la clandestinidad.

La víctima de la usurpación no necesariamente tiene que ser el dueño del inmueble, sino que también puede ser un inquilino.

En el juicio de usucapión, los usurpadores deben probar el pago de impuestos y que trabajaron y mejoraron el terreno, lo cual incluye construcción, cultivo y alambrado, entre otros aspectos. Si demuestran ambas cosas, pueden solicitar que se los declare propietarios.

La usurpación es considerada un delito penal en Argentina y se encuentra tipificada en el Código Penal en el artículo 181, en la modalidad conocida como despojo, alteración de términos o límites y turbación de propiedad. La usurpación implica que una o varias personas quiten la posesión o la tenencia, total o parcial, a otra u otras personas usando la violencia, amenazas, engaños y/o abusos de confianza.

La propiedad privada está protegida por la Constitución Nacional de Argentina y el derecho a la propiedad es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos [9]. Las usurpaciones no solo son inconstitucionales, sino que también constituyen un delito tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, es tarea del Estado custodiar los bienes y proteger el derecho a la propiedad privada [9].

En resumen, la usurpación en Argentina es el acto de apoderarse ilegítimamente de la posesión de un bien ajeno y está tipificada como un delito penal. El derecho a la propiedad privada está protegido por la Constitución Nacional de Argentina y es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es tarea del Estado custodiar los bienes y proteger

Que debemos hacer si nos usurpan una casa o un campo

Si una persona se encuentra en la situación de haber sido usurpado en un campo o una casa, existen varios pasos que puede seguir para recuperar su propiedad.

En primer lugar, se debe realizar una denuncia penal de usurpación en una comisaría o fiscalía [3][5]. Es importante tener en cuenta que la usurpación es considerada un delito de acción pública y, por lo tanto, el propietario puede presentarse como querellante para acelerar el proceso y no depender exclusivamente de la policía [5].

Además, se pueden iniciar acciones civiles y penales en forma paralela [1]. En la justicia civil, se puede pedir al juez una medida preliminar de identificación de ocupantes, de modo que el propietario pueda saber contra quién iniciará el juicio [2].

Es importante destacar que no se debe intentar sacar a los usurpadores por la fuerza, ya que esto puede ser peligroso y, además, puede derivar en una causa penal contra el propietario. La mejor opción es solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad, quienes tendrán la potestad de desalojar a los ocupantes de la propiedad [6].

En algunos casos, los usurpadores pueden utilizar la falsificación de contratos de locación para estorbar el rápido desenlace judicial de la denuncia. Por lo tanto, es importante verificar cualquier documento antes de firmarlo y asegurarse de que sea auténtico [8].

En resumen, si una persona es víctima de una usurpación en un campo o una casa, se debe realizar una denuncia penal de usurpación en una comisaría o fiscalía y solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad para desalojar a los ocupantes. También se pueden iniciar acciones civiles y penales en forma paralela y verificar cualquier documento antes de firmarlo para evitar falsificaciones.

¿El estado que debe hacer con las  usurpaciones?

El estado debe defender el derecho de propiedad y el estado de derecho [3]. Por otro lado, hay voces que sostienen que el Estado no debe hacer caso omiso a la usurpación de terrenos [4] y tiene que actuar en forma contundente y denunciar a la justicia , para el casos de tierras publicas usurpadas.

Cabe destacar que el Código Penal argentino tipifica como delito la usurpación en el artículo 181, el cual establece una pena de prisión de seis meses a tres años para quienes despojen a otro de la posesión o tenencia de un inmueble por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad [2]. Por lo tanto, cualquier acción del Estado que promueva o facilite la usurpación de tierras sería contraria a la ley.

Es importante destacar que, en general, el cómplice es una persona que colabora en la consecución de un delito o está asociada al delito sin haber participado directamente en el hecho [9]. En este sentido, si el Estado está promoviendo o facilitando las usurpaciones, podría considerarse como un cómplice indirecto de los delitos cometidos.

El Estado argentino no puede permitir el desarrollo de las usurpaciones de tierras, aunque debemos señalar que la problematica de la vivienda es un tema que debe resolverse, pero no a través de la ocupación ilegal.

Es un tema controversial y no tiene una respuesta unívoca. Sin embargo, es importante destacar que cualquier acción del Estado que promueva o facilite la usurpación de tierras sería contraria a la ley.

Principales casos de ocupación en Argentina

En Argentina, la usurpación de terrenos y propiedades es un problema creciente que ha generado una gran preocupación en la sociedad y las autoridades. A continuación, se presentan algunos de los principales casos de usurpación en Argentina, según los resultados de búsqueda proporcionados:

  1. Caso Guernica: En agosto de 2020, un grupo de personas ocupó un terreno de 100 hectáreas en Guernica, provincia de Buenos Aires. La ocupación generó una gran controversia y tensión entre los ocupantes y las autoridades, y finalmente en octubre de 2020 se ordenó el desalojo del terreno por parte de la policía. Este caso ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra la usurpación en Argentina. [4]
  2. Usurpaciones en Buenos Aires: Según un informe de la BBC, la provincia de Buenos Aires ha registrado más de 1,800 usurpaciones de terrenos en lo que va del año 2020. Esta situación ha generado preocupación en la población y ha llevado a las autoridades a buscar soluciones para evitar la proliferación de este delito. [5]
  3. Usurpaciones en Córdoba: En la provincia de Córdoba, se han registrado varios casos de usurpaciones en los últimos años. Uno de los principales focos de preocupación es lo que ocurre en Malvinas Argentinas, donde ocupaciones ilegales se repiten desde hace años en un predio de 15 hectáreas destinado para una zona industrial. [9]
  4. Usurpaciones en Calamuchita: En el departamento cordobés de Calamuchita se ha reportado una ola de denuncias por usurpaciones tanto en casas como en terrenos, lo que ha generado preocupación en la población y ha llevado a las autoridades a tomar medidas para combatir este delito. [10]
  5. En agosto de 2021, se pidió el procesamiento de un grupo de mapuches por la usurpación de tierras de Parques Nacionales en la Patagonia. Se trata de integrantes de la comunidad Lafken[1].
  6. En septiembre de 2022, una usurpación mapuche en un campo ubicado entre El Bolsón y Bariloche generó controversia. El predio había sido usurpado por encapuchados, integrantes de una autodenominada comunidad mapuche[2].
  7. En septiembre de 2019, la comunidad mapuche Lof Buenuleo emprendió un reclamo por sus derechos territoriales sobre 90 hectáreas en el Cerro Ventana, ubicado a 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, que habían sido ilegalmente apropiadas por el empresario Emilio Friedrich.

En conclusión, la usurpación de terrenos y propiedades es un problema creciente en Argentina que ha generado preocupación en la población y las autoridades. Los casos mencionados anteriormente son solo algunos de los muchos que se han reportado en el país en los últimos años. Es importante que se tomen medidas para combatir este delito y proteger los derechos de los propietarios legítimos.

Que hacer cuando el usurpador presenta un contrato falso

La falsificación de contratos de locación es una práctica ilegal que se utiliza en algunos casos de usurpación de viviendas en Argentina. La Ley Nacional de Locaciones Urbanas establece que los contratos de locación deben ser declarados por el locador en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y que deben cumplir con ciertos requisitos dispuestos por este organismo [3]. Además, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que el contrato de locación debe ser un instrumento escrito [10].

En caso de que el contrato de locación sea falso, es decir, no haya sido firmado por el propietario o no cumpla con los requisitos legales, los dueños pueden pedir el desalojo de los usurpadores y reclamar a quien les malvendió la propiedad [2]. Además, el propietario también puede pedir la rescisión del contrato en caso de que el locatario se vea impedido de usar la cosa o la misma no pueda servir para el objeto de la convención.

Es importante que tanto los propietarios como los inquilinos conozcan sus derechos y obligaciones respecto a los contratos de locación y eviten prácticas ilegales como la falsificación de estos contratos. En caso de tener dudas o necesitar asesoramiento legal, es recomendable consultar a un abogado especializado en derecho inmobiliario.

 

Doctor Jorge Rogelio Cosenza

Por Jorge Rogelio Cosenza

Abogado especialista en derecho inmobiliario

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